Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine
Centre de recherche et de documentation sur les Amériques

Édito

La política sexual en tiempos libertarios - La politique sexuelle en temps de libertarisme

Karina Felitti Investigadora del CONICET, Instituto de Investigaciones en Estudios de Género, Universidad de Buenos Aires. Profesora invitada en el IHEAL (2023-24) Chercheuse au CONICET, Instituto de Investigaciones en Estudios de Género, Université de Bu

 

Desde que asumió la presidencia de la Argentina, el 10 de diciembre del 2023, Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, puso su plan de transformación radical en marcha. El 20 de diciembre firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 Bases para la reconstrucción de la economía argentina, cuyo propósito es la “desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional”.[1] Esta disposición, que entró en vigencia el 29 de enero, implica la derogación o modificación de al menos 300 leyes. Algunas medidas han sido ya suspendidas por distintos tribunales –por ejemplo, el capítulo laboral– y se aguardan las definiciones de la Corte Suprema de la Nación sobre el mismo. Una semana más tarde, el 27 de diciembre, el presidente envió al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que también planteó reformas económicas, administrativas, fiscales, penales, y en materia de salud, educación y medioambiente.[2] Este proyecto de ley ómnibus, llamada así por la cantidad de asuntos implicados en un mismo texto, luego de tensos debates y negociaciones, que derivaron en la modificación y eliminación de varias propuestas, no logró los votos necesarios y fue retirado del recinto por el oficialismo, muy poco dispuesto a negociar y reconocer sus límites.

Mientras se suceden estas discusiones y crece la polarización que el gobierno alimenta con sus decisiones y comunicación pública, aumenta también el descontento con la caída de los salarios reales y una inflación que no cede. Cacerolazos, una huelga general, reclamos de alimentos ante oficinas públicas y protestas frente al Congreso Nacional, se contestan y reprimen con la implementación del Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, cuyos contenidos han sido ya cuestionados por organismos de derechos humanos.

 

La justicia reproductiva en cuestión

 

En el vendaval de cuestiones que nos sorprenden, y no tanto, día a día, determinadas medidas y proposiciones afectan directamente las agendas feministas. Durante la campaña, Milei prometió eliminar varios ministerios que en su concepción del gasto público no tenían sentido y sobre uno manifestó un particular encono: el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, creado por el gobierno de Alberto Fernández en diciembre de 2019. Una vez electo, cumplió su promesa y reemplazó esta oficina por una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano[3], cuyas actividades aún no han sido explicitadas. Y si bien aquí se refiere a “violencia de género”, la modificación de la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela[4], que se propuso en la fallida ley ómnibus, establecía “la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. Así tergiversaba los objetivos de la ley original: llegar a todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, y abordar la violencia de género de manera integral.

En el discurso que Javier Milei pronunció en el Foro Económico Mundial de Davos, el 17 de enero de 2024, su concepción de las políticas de género se manifestó nuevamente, esta vez en un ámbito de resonancia global. Allí no solo advirtió sobre el peligro que representaba el avance del socialismo sobre Occidente, con la intervención estatal en la economía y la promoción de la justicia social; también denunció la creación de un conflicto supuesto entre el hombre y la mujer, alentado por el feminismo radical. Otro falso enfrentamiento era el del “hombre contra la naturaleza”, cuya instalación asoció al control poblacional y a “la agenda sangrienta del aborto”.[5] Estas declaraciones, que se suman a otras realizadas durante la campaña, son señales de alerta para quienes sostenemos la Ley 27.610 que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), aprobada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre del 2020. Tanto Javier Milei como la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, y otras voces representativas de su espacio, pusieron varias veces en duda el proceso democrático que llevó a su sanción, reavivando teorías conspirativas en relación al control demográfico que, vale aclarar, han sido compartidas por representantes de distintos partidos políticos en los debates legislativos de 2018 y 2020, e incluso antes de ellos.[6]

Con esta declaración, el aborto reapareció en el discurso presidencial pero sin una acción específica; ante la cantidad de problemas a resolver era una cuestión para más adelante. Sin embargo, en la misma semana en la que fracasó la ley ómnibus, una diputada del partido oficialista presentó un proyecto para derogar la ley de IVE e incluso, hacer más restrictivo el acceso a los abortos no punibles que estaba previsto en el Código Penal de 1921. El vocero presidencial deslindó a Javier Milei de la iniciativa e incluso lo hicieron cuatro de las cinco personas firmantes, quienes declararon no haber participado de la redacción del proyecto, ni estar de acuerdo con las nuevas penalizaciones exigidas. Representantes de distintos partidos también rechazaron la propuesta, ya sea por estar a favor de la ley o por considerar su tratamiento por lo menos inoportuno. Si la Marea verde estaba ya preparando su tsunami para el 8M, este hecho sirvió para redoblar los esfuerzos y explicitar su agenda.[7] La convocatoria de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es clara al respecto: “Hoy el problema es el hambre y la desocupación. 8M nos vemos en las calles”.

Entre las reacciones de rechazo a la puesta en cuestión del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, se destacó la del ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. El funcionario explicó a la prensa y en sus redes sociales que “desde que se sancionó la ley del aborto, se redujeron el 90 % de las muertes por esta causa en @BAProvincia, es decir, se evitaron 45 muertes si el promedio era sostenido. No hay debate válido. Es cuestión de salud pública. Nos entretienen mientras ajustan y hambrean. No pasarán”.[8] Cabe señalar que la estigmatización de quienes demandan una IVE y de quienes la garantizan, el recortar los alcances de la educación sexual integral y de los programas de capacitación en temas de género[9], desfinanciar el sistema público de salud y afectar la actividad de laboratorios públicos que producen misoprostol y mifepristona –usados para los abortos con medicamentos–, obstaculizarían el acceso a la práctica, aunque ella no fuera prohibida.

En el proyecto de ley ómnibus también se habían previsto modificaciones a la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como Ley de 1000 días. Esta norma fue sancionada junto con la de IVE y expresó la voluntad de acompañar las decisiones reproductivas de las personas, en línea con los fundamentos de la justicia reproductiva. Este marco conceptual y político abarca el derecho a no tener hijos, a tenerlos en un ambiente seguro y sano, y a conservar la autonomía corporal y la libertad de género.[10] La ley de 1000 días plantea “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”. El gobierno, en cambio, proponía: “fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años; con el fin de reducir la morbimortalidad materno e infantil, la malnutrición y desnutrición, la protección y estimulación de los vínculos tempranos, y el desarrollo físico y emocional”. En este texto los sujetos de derecho son las “madres embarazadas” y “su hijo por nacer”, los “niños desde la concepción”, formulaciones que expresan una posición antiaborto y establecen que las embarazadas solo pueden ser mujeres y que gestar es igual a ser madre.

 

Los desafíos del próximo 8M

 

Estas reacciones a los logros políticos del movimiento feminista y de diversidad sexual se están dando en distintos países del mundo. Hay un movimiento global que se aglutina en la denuncia de la “ideología de género” que tiene por lo menos tres décadas. Al mismo tiempo, hay circunstancias locales que deben ser consideradas. Las leyes y programas de la Argentina en materia de derechos sexuales y reproductivos han sido excepcionales, como también lo es la fuerza de la marea verde, pero también, la inflación en el último año ha sido sobresaliente. Pablo Semán[11] ha insistido sobre la necesidad de entender el triunfo de Javier Milei en relación a situaciones locales, la política kirchnerista, el problema económico sin solución, el peso de la cultura emprendedora, las medidas tomadas durante la pandemia y sus efectos subjetivos. Esta mirada más integral, menos prejuiciosa y dogmática, quizás nos permita comprender por qué algunas jóvenes que participaron en las movilizaciones por el aborto legal en 2018 y 2020, en 2023 votaron a un candidato abiertamente en contra de esa conquista. Podemos suponer que en sus elecciones negociaron contradicciones y prioridades; no sintieron que la IVE podría estar en peligro y estipularon que, quizás, podrían, en algún momento, tener un mejor futuro para ellas. En el auge de la popularización feminista algunos elementos de la cultura del amor propio y de la autosuficiencia emprendedora; junto con la asociación entre empoderamiento, libertad sexual y consumo, fueron convergiendo sin que se planteara una reflexión profunda sobre ello. Lo que resulte de la convocatoria del 8M pondrá sobre la mesa nuevas coordenadas, en donde se jueguen, compitan y reconfiguren militancia, compromiso social, desilusiones, hartazgo, necesidades y demandas colectivas y otras más personales.

Las repercusiones al discurso de Javier Milei en Davos dan cuenta del contexto de recepción de la política sexual libertaria. Ese mismo día, Elon Musk celebró esta intervención de manera provocativa en Twitter. Escribió “so hot rn” junto a la fotografía de una varón y una mujer, blancos, bronceados, con cuerpos delgados y ejercitados, que tienen sexo en la cama de un departamento bonito, con vistas a rascacielos. Mientras ella está sentada en su entrepierna de espaldas, él mira en su computadora portátil al presidente argentino hablando. La imagen fue mayormente interpretada como un desprecio hacia la mujer, quien parece ajena a lo que sucede. Sin embargo, los vidrios permiten el reflejo, no parece existir engaño sino un aprovechamiento de la excitación que causan las ideas libertarias. También podemos verla como una exacerbación del placer individual incluso en compañía; de personas desconectadas que aun así gozan; una escena bastante frecuente de la vida sexual contemporánea, con las pantallas, la política y la economía metidas en la cama, y el antecedente de gobiernos recomendando masturbarse y hacer sexting durante los aislamientos en pandemia.

Toda sexualidad es política y toda política es sexual, porque se encarna en los cuerpos y porque despliega un erotismo que lleva a la acción. Con la potencia creativa del deseo, el feminismo se vuelve a poner al hombro el objetivo de cambiarlo todo, con algunas lecciones a tener en cuenta para que este proyecto se sostenga y avance, en defensa de la libertad que el gobierno le disputa y la justicia reproductiva que demoniza.

 

 

 


[3] Este ministerio absorbió las responsabilidades de otros eliminados; dependen de él: la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Secretaría de Cultura.

[4] Así se recuerda a Micaela García, una joven militante del Movimiento Evita, víctima de femicidio en 2017.

[5] Pablo Stefanoni. “Milei en Davos: el discurso completo”. El Grand Continent. 18 de enero de 2024. https://legrandcontinent.eu/es/2024/01/18/milei-en-davos-el-discurso-com...

[6] Karina Felitti. “Ya es ley: antecedentes y desafíos de la legalización del aborto en la Argentina”, Cahiers des Amériques Latines,  [En línea], 95, 2021, 7-15.

https://journals.openedition.org/cal/11830

[7] Sobre la marea verde en América Latina y en particular en Argentina, la Lettre de l’IHEAL-CREDA publicó : Debora Gorban, « ‘Si nos vies ne valent rien, produisez sans nous’  : une lecture féministe du 8M en Argentine » 28 de febrero de 2023; y Karine Tinat, « De #NiUnaMenos à la Marée verte : l’onde de choc de la ‘quatrième vague’ féministe en Amérique latine », 31 de marzo de 2023.

[8] @nkreplak, posteo en Twitter, 8 de febrero de 2024. https://twitter.com/nkreplak/status/1755401668806529263

[9] Si bien durante la campaña presidencial Javier Milei y otras personas de su partido se expresaron en contra de la educación sexual integral (ESI), garantizada por la ley 26.150 de 2006, en el DNU se hace mención a su promoción sin dar precisiones.

[10] Loretta Ross y Rickie Solinger. Reproductive justice. An introduction. Berkeley, University of California Press, 2017.

[11] Pablo Semán (coord.). Está entre nosotros: ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?, Buenos Aires, Siglo XXI, 2023.

 

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